El programa ordinario de cooperación técnica se creó en 1946 en virtud de la resolución 58 (I) de la Asamblea General. Con los años, ha demostrado ser una herramienta impulsada por la demanda muy eficaz para apoyar a los países en desarrollo, sobre todo a los que presentan mayores vulnerabilidades (como los menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral), en sus esfuerzos por aumentar su resiliencia y capacidades.
El programa ordinario de cooperación técnica se financia con recursos del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Tiene por finalidad ampliar la capacidad de los gobiernos para formular e implementar políticas que favorezcan un desarrollo económico y social sostenible, con miras a la consecución de los Objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030.
Más que cualquier otro programa o fondo, el programa ordinario de cooperación técnica brinda a la CEPAL la flexibilidad necesaria para reaccionar rápidamente ante demandas imprevistas y ante necesidades de desarrollo que se plantean en América Latina y el Caribe y que exigen una actuación ágil y eficaz. En virtud de un proceso de programación flexible, este instrumento permite a la Comisión dar una pronta respuesta a las necesidades de los países beneficiarios, lo que tiene repercusiones inmediatas en sus necesidades de desarrollo más urgentes.
Debido a su ventaja comparativa para la intervención rápida en cuestiones de desarrollo, este programa permite a la CEPAL brindar apoyo, en forma de servicios de asesoría y de capacitación y asistencia técnica a petición, a una gran diversidad de personas y entidades, como autoridades gubernamentales y personal técnico de nivel regional, nacional y local, así como a organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Por ejemplo, se ha utilizado con frecuencia para desplegar equipos especializados de respuesta rápida ante requerimientos de evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de fenómenos naturales tales como huracanes, inundaciones, terremotos y pandemias. También ha facilitado las labores de recuperación y la aplicación de planes de reducción de riesgos y de mitigación en países que han sufrido esos fenómenos. Asimismo, proporciona un mecanismo de apoyo a los países para la formulación de políticas frente a perturbaciones externas, como las derivadas de aumentos imprevistos de precios de alimentos y energía, y para el diseño de respuestas ante crisis económicas, financieras o de otra naturaleza.